Trans(actions) : Trans(acciones)

photo by jenny downing : borrowed from creative commons

Esta mañana recibí un correo electrónico de una de mis mentoras queridas que incluía una nota periodística y una pregunta: Deepak, ¿tu sabías esto? El titular del artículo que me pasó era algo ambiguo—Errores que elevan el costo de vida—pero el subtítulo era más revelador: El Instituto de Estadísticas alerta sobre método equívoco para calcular el Índice de Precios.

Hace unos meses que ando algo desconectado de los asuntos económicos de mi país. Las lecturas y ensayos académicos, y el proyecto sobre la migración transnacional dominicana me impiden desmenuzar los pormenores de la política pública y pensar a fondo sobre el desbarajuste económico boricua. Interesantemente, se me hace un poco difícil volver a realizar las gestiones que definieron mi vida profesional por casi siete años. Creo que he desarrollado un mecanismo de defensa para aislar mi mente de algunos temas del pasado, especialmente aquellos que activan las memorias agridulces de un país que no logra sacudir el fukú poscolonial que llegó a raíz del Estado Libre Asociado y se perpetúa con la incompetencia de los que forjan el camino hacia la estadidad.

Admito que me acerqué al artículo sin muchas ganas, pues las noticias sobre incompetencias y mala administración gubernamental—además de ser desagradables—han perdido la garra y el elemento de sorpresa que sirven para lanzarse hacia las páginas de un periódico. No obstante, el escrito en cuestión apuntaba hacia un tema que conocía relativamente bien y sobre el cual había escrito anteriormente en el mismo periódico: la bochornosa incapacidad para calcular la inflación en Puerto Rico. En el 2007, mientras repasaba algunas cifras para algún proyecto que no recuerdo, comencé a preguntarme cómo era posible que los índices de precios que se registraban en la isla se disparaban tan irregularmente. Consulté el asunto con mis colegas y algunos economistas bona fide—porque abundan los de pacotilla. Todos estábamos en las mismas. Ninguno tomaba en serio los números oficiales y cada uno tenía sus propios estimados para sustituir los valores errados del gobierno. Más allá de la impericia econométrica, me preocupaba que este secreto a voces no parecía importarle a nadie, especialmente a los administradores de turno. Ante este cuadro decidí escribir una columna que reproduzco en su totalidad más abajo.

Dos años más tarde, un grupo de oficiales serios se ha echado al cuerpo la difícil tarea de descifrar qué rayos pasa con los índices oficiales. El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, una agencia relativamente nueva, está enderezando el entuerto y resolviendo el gran misterio de la inflación en Puerto Rico. El director ejecutivo de la agencia, Mario Marazzi-Santiago, es un economista que sabe bastante de estos asuntos y está armando un proyecto importante y necesario para un país donde las cifras nacionales y los datos públicos se divulgan poco y se manejan mal. Aunque una golondrina no hace primavera, en este caso, y quizás sólo por hoy, quiero pensar que algunas cosas van cambiando para bien.

Aprovecho para contestarle a mi mentora: sí, conozco sobre este asunto y tal parece que algunas de las cantaletas que armé sirvieron para algo.

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Aquí les dejo la columna que apareció en la revista Negocios del Domingo—Periódico el Nuevo Día, el 11 de febrero de 2007 (página6).

Nuestra inflación inflada
Deepak Lamba-Nieves, Director de Investigaciones, Centro para la Nueva Economía

Hablar de la inflación o, lo que es igual, el alza relativa de los precios en Puerto Rico es un ejercicio embarazoso porque, aunque se publica una serie mensual que presenta una medida (conocida comúnmente como el índice de precios al consumidor o IPC), las cifras calculadas están incorrectas y ningún economista respetable se atrevería a respaldarlas. Este gran secreto a voces se puede equiparar con el cuento del emperador desnudo que ningún súbdito quería denunciar. A juzgar por la inacción, parece que la corrección tiene implicaciones serias; más graves que la falta de un indicador esencial para la toma de decisiones económicas.

Para muchos, la inflación es un concepto negativo o antipático que usualmente señala cuánto más tendremos que pagar por los artículos que compramos a diario. También sirve como barómetro para descifrar el rendimiento de cada dólar en los mercados de bienes y servicios. Más allá de estos usos comunes, los niveles de inflación son seriamente vigilados por los banqueros centrales alrededor del mundo pues si los precios se elevan demasiado y no se toman las medidas necesarias el panorama económico puede complicarse. En 1985, Bolivia vivió un episodio engorroso cuando una combinación de malas decisiones y problemas políticos desembocaron en un aumento en los precios de 12,000%. De más está decir que el impacto fue catastrófico, especialmente para los pobres y las clases medias pues sus ingresos y ahorros no les daban para comprar mucho, casi nada.

El reciente anuncio de que los precios en la isla habían aumentado 15% en un año causó un revuelo en los medios de comunicación pero no tuvo mucho impacto entre los académicos y especialistas. Hace ya mucho tiempo que nos fijamos en otros números como la tasa de inflación de Estados Unidos o la de Washington D.C.–que nos demuestran que el aumento real está cerca del 3-4%– para satisfacer nuestras necesidades estadísticas. Los problemas con el índice son numerosos y si se analiza con detenimiento nos podemos percatar de que la experiencia de un consumidor promedio está lejos de los cálculos gubernamentales. Atribuirle validez a las cifras oficiales significa que cada año (desde el 1997) en promedio, los ingresos para aquellos que se ganan el salario mínimo federal se han reducido por 8%. El efecto acumulativo a lo largo de 9 años se traduce en salarios reales equiparables a los que se ganaban estos mismos trabajadores en los años sesenta. Bajo este escenario, las tiendas estarían casi vacías (sin empleados ni consumidores) y los intereses sobre los préstamos estarían por las nubes.

Durante años se ha anunciado que el índice se está revisando y que tendremos nuevos números a nuestra disposición. Mientras tanto, y a pesar de las críticas, las cifras parecen ser adecuadas para ciertos grupos a quienes les conviene utilizar una métrica inflada. Los legisladores, por ejemplo, se ajustan los salarios cada cuatro años tomando como base el IPC “oficial”. Esto significa que sus salarios aumentan más aceleradamente, quizás el doble de lo que se supone.  Recientemente la Universidad de Puerto Rico anunció que los aumentos en la matrícula se guiarán, en parte por el índice de inflación criollo. La administración universitaria debe revisar su propuesta pues, por más necesaria que sea la subida, el cálculo errado traerá nuevos problemas.

Quizás en ese momento algún funcionario de gobierno se dará cuenta de la importancia de este tema y reconocerá que por años hemos vivido bajo el peso de una inflación inflada.